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Las reparaciones a las que hace mención el artículo 21 de la LAU son aquellas que hacen referencia tanto a las obras u operaciones encaminadas a la restauración de los deterioros o menoscabos sufridos en la vivienda arrendada, cuánto a la conservación de la misma, es decir, aquellas que deben realizarse ineludiblemente y no aumentan el valor ni la productividad de la cosa arrendada.

Recientemente la jurisprudencia menor se ha planteado el caso de la exigibilidad de las reparaciones necesarias en las viviendas de renta antigua y, así, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Ciudad Real de 19 de noviembre de 1993 y la de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa de 14 de enero de 1994, sobre la base de la equidad, la buena fe y el abuso de derecho han establecido que, en las viviendas de renta Antigua, el valor de la “necesidad” de las reparaciones debe ser modulado o restringido en función del principio de equivalencia de las prestaciones, de tal forma que, si en estos contratos el arrendador “no puede acomodar el contravalor al tiempo presente ni tampoco dar por concluso el contrato, por las mismas razones no se le puede exigir que haga una considerable aportación económica de su propio peculio fuera por completo de cualquier expectativa contractual en beneficio exclusivo de quien no le corresponde con una contraprestación ni aproximada”. Con todo, el interés que pueda tener el arrendatario de renta antigua no queda frustrado pues, en última instancia, las Salas estiman justo y adecuado conceder la ejecución de las reparaciones reclamadas, si bien respondiendo de su coste los arrendatarios.

Más recientemente, la Audiencia Provincial de Barcelona, en Sentencias de fechas 18 de julio de 2002 y 16 de febrero de 2007 han señalado que para tratar de paliar el desequilibrio que se viene produciendo en las prestaciones propias del contrato de arrendamiento en los alquileres con rentas antiguas y sujetos a prórroga forzosa, el TRLAU, para los arrendamientos anteriores a 1964, y la actual LAU de 1994 para los celebrados con posterioridad a 1964, ya prevén, en ambos casos, que las arrendadoras puedan repercutir en la renta el importe de las obras de reparación necesarias para mantener el local y las viviendas en estado de servir para el uso convenido.

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