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En Noviembre de 2017 se publicó Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Esta Ley ya es de plena aplicación e introduce una serie de objetivos y novedades destacables a la hora de contratar con el sector público, tal y como ya avanzamos el pasado 15 de Enero en un artículo publicado en nuestra web.

Respecto al ámbito de las relaciones con la prevención de riesgos laborales, éstas vendrán por dos vías:

1.Las empresas del sector de prevención de riesgos laborales, ya sean Servicios de Prevención Ajenos, Auditoras de los Sistemas de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales, Consultoras en esta materia o empresas especializadas -como puede ser el caso de las dedicadas a la Coordinación de Actividades Empresariales- pueden optar a contratar con la Administración Pública en los concursos y licitaciones que sean de su competencia.

2.Las Administraciones Públicas podrán exigir determinados cumplimientos de la normativa en prevención de riesgos laborales a las empresas licitantes que deseen optar a contratar con ellas.

En relación al apartado segundo, las Administraciones Públicas pueden exigir el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, según el art.129 de la Ley 9/2017. En dicho artículo se dispone:

Artículo 129. Información sobre las obligaciones relativas a la fiscalidad, protección del medio ambiente, empleo y condiciones laborales y de contratar a un porcentaje específico de personas con discapacidad.

1. El órgano de contratación podrá señalar en el pliego el organismo u organismos de los que los candidatos o licitadores puedan obtener la información pertinente sobre las obligaciones relativas a la fiscalidad, a la protección del medio ambiente, y a las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad que serán aplicables a los trabajos efectuados en la obra o a los servicios prestados durante la ejecución del contrato.

2. Cuando se facilite la información a la que se refiere el apartado 1, el órgano de contratación solicitará a los licitadores o a los candidatos en un procedimiento de adjudicación de contratos que manifiesten haber tenido en cuenta en la elaboración de sus ofertas las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, protección del medio ambiente, protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o porcentaje especifico de personas con discapacidad, y protección del medio ambiente.

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